Esta medida fue aprobada por la Comisión Delegada General
para Asuntos Económicos, que forma parte del plan del Gobierno para que
autónomos y PYMES puedan cobrar las deudas pendientes con las diferentes
administraciones. Las primeras fases del plan iban dirigidas a los servicios
básicos (educación, servicios sociales, sanidad), ésta va enfocada a aquellos
que no se adscribían a dichos servicios, expirando el plazo el 23 de Octubre.
De esta manera las facturas pendientes comenzarían a cobrarse a partir del 1 de
Diciembre.
La decisión ha generado cierta polémica, pues priorizará a
aquellos que acepten una quita en la reclamación de lo adeudado, dejando a
estas empresas en clara desventaja financiera respecto a otras, lo que además
resulta contradictorio, pues perjudica precisamente a aquellos a los que más urge cobrar. La
medida ha sido recibida por el sector con bastante tibieza, pues esto no ayuda
precisamente a agilizar las dinámicas laborales del emprendimiento.
Esta nueva disposición se encamina al objetivo de que toda
entidad económica liquide sus respectivas deudas y poder así cumplir con la Leyde Control de la Deuda Comercial del Sector Público, pero no despeja ni arregla
gran cosa, pues mientras que la Administración no perdona retrasos en los
cobros, obliga a aceptar que dicha entidad tarde en pagar.
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