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martes, 17 de septiembre de 2013

ASESORÍA LABORAL: EL FIN DEL IPC

Primero fue la desvinculación de las cotizaciones y las prestaciones al Salario Minino Profesional como valor referencial con la aparición del IPREM.  Después vino desligar las subidas salariales en los convenios colectivos del crecimiento de la inflación, introduciendo el concepto de productividad.  Y por último, la aparición el FRA, el factor para desligar las pensiones de las subidas del IPC.
Esto es el cronograma de la muerte del IPC en lo que se refiere a su vinculación con las relaciones laborales. La subida de precios ya no es referencia obligada para subir salarios ni para subir pensiones.
¿y qué motiva este cambio de indicadores de referencia?
La respuesta es sencilla: Crisis. Pero como la crisis parece amparar cualquier cambio, vamos a  tratar de analizar qué hay detrás de estas decisiones que se han ido produciendo en los últimos años y bajo el gobierno de diferentes partidos.
El  IPREM (indicador público de precios de efectos múltiples) nace con el objetivo de desligar el crecimiento de prestaciones, como el desempleo, del crecimiento del SMI. Habitualmente el SMI crecía al ritmo de la inflación, pero en época de bonanza se realizaron subidas del 6%, casi el doble el IPC, volviéndose a subir a los 6 meses otra vez. Esto suponía un crecimiento en el gasto del estado en cuanto al desembolso por prestaciones, por lo que se generó otro indicador que pudiese crecer a menor ritmo.
Durante la crisis originada en 2007 el crecimiento de la inflación, salvo excepciones, ha sido constante, incluso elevado en algunos periodos, dadas las circunstancias de crecimiento negativo del PIB, produciéndose lo que se conoce como stagflation. En la negociación colectiva el establecimiento de salarios ha estado ligado históricamente al crecimiento del IPC siendo este factor la referencia en la negociación. Esto suponía un círculo vicioso: crecen los precios, crecen los salarios, crecen los costes empresariales, crecen los precios,... Ante la imposibilidad de controlar los precios y ante la "necesidad" de devaluar la economía para generar competitividad por una vía que no fuese la devaluación monetaria se optó por desvincular la subida salarial al IPC y romper ese círculo vicioso. Esto parece haber dado frutos en los últimos datos del IPC pero al mismo tiempo merma la capacidad de compra de los trabajadores reduciendo el consumo y los ingresos del estado por IVA e IRPF.
El último cambio, el del indicador de las pensiones, persigue controlar el gasto del estado de tal forma que si el estado reduce ingresos y reduce crecimiento, las pensiones no suban al ritmo del IPC ya que esto implica un crecimiento del gasto en los PGE constante sin herramientas para controlarlo más allá de decretos de" congelación". Hay que recordar que el gasto en pensiones supone el 40 %-50% del gasto del estado.
Hay quien ve detrás de este último cambio un intento de fomentar los fondos privados de pensiones y hay opiniones para todos los gustos,
Lo cierto es  que para aquellos profesionales vinculados a las relaciones laborales el IPC ha dejado de existir.

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